Hoy los Senadores de la República tienen la responsabilidad de decidir entre aprobar la acusación constitucional contra el Ministro Harald Beyer o rechazarla. Cuando se genera este tipo de situaciones, las fuerzas políticas tienden a argumentar en torno a la definición de grupo, a la posición cercana y a buscar los argumentos útiles para ganar el debate y convencer a la opinión pública, y por otra parte, dejar una versión de la realidad instalada para la posterioridad a la definición que se tome, con lo cual se asignan responsabilidades y culpas para los actores de ambos lados.
Si hay que reconocer algo, es que efectivamente el Ministro Beyer es alguien que ha aportado durante su trayectoria al desarrollo de la discusión sobre la educación, aportes valiosos que han generado el respeto transversal a su persona y a su carrera. Pero, su aporte no se ve opacado por su gestión como Ministro, nadie ha argumentado que ha sido nefasta, se reconocen avances y aportes, pero que están especialmente orientados a potenciar una forma de modelo de educación que es contrario al que la sociedad en sus distintas expresiones, ya sean de la sociedad civil como de la política, y en esto me refiero a la pasividad con que se ha abordado el lucro en educación.
Como fue argumentado por la diputada acusadora Alejandra Sepúlveda, esta acusación se basa en temas puntuales que son efectivos y los cuales la derecha y el gobierno no están dispuestos a reconocer, ya que, en esa argumentación está el punto neurálgico de lo que durante los últimos años la sociedad ha reclamado a la institucionalidad, teniendo una Constitución que prohíbe el lucro en educación y además con recursos públicos y asigna al ministro la responsabilidad de controlar y asegurar el que lo establecido en la carta magna se cumpla.
Algunos argumentan que este es un juicio político, y sí, lo es, y lo es porque en esta discusión se debate un tema de fondo que este gobierno y la derecha que está detrás de él no ha querido abordar y han engañado sistemáticamente a la opinión pública. Esto no es solo un juicio político contra el Ministro, que efectivamente ha incumplido sus deberes establecidos en la ley, en este caso es un juicio que se ajusta a la ley. Pero si que es un juicio político contra este gobierno que encubre su visión y una ética neoliberal en el ejercicio del gobierno y de sus tareas más importantes y sensibles.
En esto queda en evidencia que este Ministro, que aceptó el cargo en este gobierno, también aceptó infringir la ley y los principios que la sustentan.
De esta discusión lo que se puede esperar es que la opinión pública comprenda que de esta acusación constitucional el juicio al que se ha visto sometido este gobierno y el ministro en particular tiene una causa justa detrás, la que se sustenta en principios y visiones que efectivamente son ideológicas, que son las que dan sustento a la construcción de los modelos institucionales.
Lamento el costo que debe pagar este Ministro y académico destacado, pero él al asumir esta responsabilidad siempre supo que este tema en particular sería el gran punto de discusión, ya que el modelo de educación actual se encuentra en crisis tanto con la institucionalidad vigente como con los proyectos y visiones de las distintas fuerzas políticas.
Para lo que sigue, es recomendable que este gobierno en primer lugar, se dedique al cumplimiento irrestricto, leal y probo de la ley y; en segundo lugar, que asuma el debate sobre el modelo de educación con franqueza y de cara a la opinión pública, exponiendo sus verdaderas convicciones frente a la ciudadanía y permitir que esta sea la que decida qué modelo es el que prefiere para el futuro.
Por lo anterior, en esta acusación constitucional se desnudan dos temas, el primero es el incumplimiento de la ley por parte del Ministro de educación; y segundo, la convicción de este gobierno de defender practicas ilegales y contrarias a la idea de hacerse cargo del lucro en la educación superior y su nula convicción a fortalecer la institucionalidad que permita al Estado enfrentar con toda la fuerza necesaria a quienes pretenden lucrar en un tema tan sensible para el desarrollo equitativo de la sociedad. chilena.
