Un posible retroceso, en peligro el Sistema de alta Dirección Pública
En el año 2003, en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar se genero una crisis de proporciones que afectaba profundamente a la institucionalidad del Estado, esta es la crisis MOP-GATE, en ese entonces Pablo Longueira extendió sus esfuerzos en conjunto con el Gobierno para lograr un acuerdo que permitiera superar la crisis con un sentido de Estado, lo que conllevo la generación de un gran acuerdo de Modernización del Estado entre gobierno y oposición, que fue rápidamente elaborado, enviado al congreso y logro un amplio respaldo de ambas coaliciones en ese entonces participantes en el congreso.
El contenido de aquel acuerdo era la creación de un nuevo servicio público, que tuviera a su cargo la administración y gestión de personas en la administración pública chilena, y que permitiera separar los mecanismos de provisión de cargos de gobierno que tuvieran un carácter eminentemente político en el diseño y formulación de las políticas públicas -los cuales por supuesto deben ser cargos de confianza del Presidente de la República- y aquellos cargos que tenían entre sus funciones la implementación de aquellas políticas– ello conlleva una consideración más técnica de estos-, lo que trajo consigo la creación de un “sistema de Alta Dirección Pública” a cargo de un consejo de Alta Dirección Pública, en que participan, entre otros, el nuevo Presidente del Consejo Carlos Patricio Williamson –quien reemplaza en el cargo a Rossana Pérez (renunciada Presidenta del consejo)-, Mario Waissbluth –que ha criticado la demora en los nombramientos-, Beatriz Corbo –que reemplaza a Rosana Costa (actual Directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda) y que debe ser ratificada por el Senado-, y finalmente hasta ayer María Luisa Brahm actual asesora directa del Presidente de la República –lo que le quitaba independencia a un sistema eminentemente autónomo- y que aún no tiene un reemplazo definido para ser ratificado en el Senado.
Este sistema permite provisionar los cargos de 1° y 2° nivel jerárquico del Gobierno a través de concursos públicos que tienen entre otras cosas en su misión el asegurar la posibilidad de ingreso por mérito, de forma competitiva y en igualdad de condiciones para todos quienes quisieran participar de la administración pública y en segundo lugar asegurar condiciones de seguridad para aquellos cargos ingresados por concurso, para darle estabilidad a aquellos cargos que debieran estar relativamente separados del sistema político en el ejercicio de su función.
En la últimas semanas hemos visto una preocupante discusión, el Ministro de Planificación Felipe Kast pidió al director del Fosis desvincular a todos los directores regionales ingresados por el sistema antes mencionado y a el mismo de su cargo, agregado a esto la Ministra Vocera de Gobierno Ena Von Baer y altos representantes de la UDI han expresado su intención de que las autoridades de gobierno tengan la libertad de designar a sus cargos dependientes por confianza, lo que trae consigo un retroceso en el camino avanzado por este sistema que tenía como primera gran valla superar el cambio de Gobierno, lo que significa que se esperaba el que el sistema estuviera lo más posible por encima del proceso político para darle continuidad a las políticas públicas y a los modelos de gestión ya consensuados.
Por ahora lo que queda es observar los pasos que de el gobierno respecto de este tema, en el que los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad civil deben poner mucha atención y actuar en su momento.
El contenido de aquel acuerdo era la creación de un nuevo servicio público, que tuviera a su cargo la administración y gestión de personas en la administración pública chilena, y que permitiera separar los mecanismos de provisión de cargos de gobierno que tuvieran un carácter eminentemente político en el diseño y formulación de las políticas públicas -los cuales por supuesto deben ser cargos de confianza del Presidente de la República- y aquellos cargos que tenían entre sus funciones la implementación de aquellas políticas– ello conlleva una consideración más técnica de estos-, lo que trajo consigo la creación de un “sistema de Alta Dirección Pública” a cargo de un consejo de Alta Dirección Pública, en que participan, entre otros, el nuevo Presidente del Consejo Carlos Patricio Williamson –quien reemplaza en el cargo a Rossana Pérez (renunciada Presidenta del consejo)-, Mario Waissbluth –que ha criticado la demora en los nombramientos-, Beatriz Corbo –que reemplaza a Rosana Costa (actual Directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda) y que debe ser ratificada por el Senado-, y finalmente hasta ayer María Luisa Brahm actual asesora directa del Presidente de la República –lo que le quitaba independencia a un sistema eminentemente autónomo- y que aún no tiene un reemplazo definido para ser ratificado en el Senado.
Este sistema permite provisionar los cargos de 1° y 2° nivel jerárquico del Gobierno a través de concursos públicos que tienen entre otras cosas en su misión el asegurar la posibilidad de ingreso por mérito, de forma competitiva y en igualdad de condiciones para todos quienes quisieran participar de la administración pública y en segundo lugar asegurar condiciones de seguridad para aquellos cargos ingresados por concurso, para darle estabilidad a aquellos cargos que debieran estar relativamente separados del sistema político en el ejercicio de su función.
En la últimas semanas hemos visto una preocupante discusión, el Ministro de Planificación Felipe Kast pidió al director del Fosis desvincular a todos los directores regionales ingresados por el sistema antes mencionado y a el mismo de su cargo, agregado a esto la Ministra Vocera de Gobierno Ena Von Baer y altos representantes de la UDI han expresado su intención de que las autoridades de gobierno tengan la libertad de designar a sus cargos dependientes por confianza, lo que trae consigo un retroceso en el camino avanzado por este sistema que tenía como primera gran valla superar el cambio de Gobierno, lo que significa que se esperaba el que el sistema estuviera lo más posible por encima del proceso político para darle continuidad a las políticas públicas y a los modelos de gestión ya consensuados.
Por ahora lo que queda es observar los pasos que de el gobierno respecto de este tema, en el que los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad civil deben poner mucha atención y actuar en su momento.
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