En Chile, los vínculos del dinero y el poder económico con el poder político constituyen una amenaza para la creación de políticas públicas que promuevan el interés general. La legislación actual es insuficiente para evitar que intereses particulares presionen a la autoridad ejecutiva y legislativa, a través de donaciones a campañas políticas, lobby sin regulación, financiamiento de los partidos, y conflictos de interés de las propias autoridades.
Es urgente transparentar más y mejor la relación entre política y dinero en Chile. En la actualidad no conocemos quienes financian las campañas electorales ni los partidos políticos, por lo cual la ciudadanía no tiene información para evaluar si sus representantes son cooptados por grupos de interés o actúan promoviendo el bien común.
Es urgente transparentar quiénes financian las campañas y los partidos. Como quienes votan son los ciudadanos, los financistas privados de la política deben ser exclusivamente personas naturales. El Estado debe proveer un financiamiento público transparente y auditable.
Los abajo firmantes solicitamos al Gobierno y al Congreso Nacional que en materia de reformas políticas se incluya
el financiamiento de la política como un eje primordial para fortalecer la confianza de los ciudadanos con nuestras
autoridades.
Concretamente, proponemos:
1.- Aprobar una ley que regule, sin excepción, a todos aquellos que representan intereses privados frente a los
poderes públicos, registrando las reuniones que realizan las autoridades con grupos de interés.
2.- Transparentar absolutamente los orígenes del dinero privado que financia las campañas electorales, permitiendo que la ciudadanía pueda conocer esos orígenes y exigiendo que las autoridades se inhabiliten de participar en el proceso de toma de decisiones cuando exista un conflicto de interés por este motivo.
3.- Aumentar de manera importante el financiamiento público de los partidos y campañas políticas, de manera
transparente, con auditorias que impidan el uso de los fondos públicos por parte del gobierno para favorecer a
candidatos y partidos de su coalición.
4.- Crear una institución autónoma, a similitud de lo que hoy es el Consejo para la Transparencia, que cuente con
los recursos y atribuciones necesarias para fiscalizar el cumplimiento de la ley y monitorear los gastos durante
las campañas.
5.- Introducir multas y penalidades más altas y efectivas para quienes debiendo declarar su patrimonio o conflictos
de interés, no lo hagan y reglas más comprensivas y detalladas para alcanzar la máxima claridad y transparencia
en ellas. Lo mismo para candidatos que vulneren la ley en materia de topes al gasto electoral, u origen de los
aportes a sus campañas.
Sin una reforma profunda en materia de financiamiento de la política y regulación del lobby, nuestras políticas públicas seguirán debilitándose, y aumentará el rechazo de la ciudadanía hacia las instituciones y el poder político.
Adhiere en: Dineroypolitica.cl
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